La Junta Central Electoral (JCE) notificó mediante acto de alguacil al Centro Económico del Cibao por la publicación de un sondeo, fuera de los plazos establecidos por el reglamento que prohíbe la publicación de encuestas antes del inicio de la precampaña electoral, el cual está pautado para iniciar el domingo cuatro de julio de 2027.
De acuerdo al órgano electoral, la firma encuestadora publicó el sondeo llamado “Encuesta de Opinión Pública Nacional” el pasado jueves seis de agosto violando el reglamento al incurrir en “la publicación o difusión de encuestas de opinión con fines electorales fuera de los períodos legalmente habilitados de precampaña y campaña electoral”, violando el artículo 13 del mismo.
El órgano electoral indicó que la acusación “tiene carácter estrictamente provisional” y no comporta una declaración anticipada de responsabilidad administrativa ni la imposición de sanción alguna.
Debido a ello, la empresa encuestadora Centro Económico del Cibao, S.R.L. tendrá un plazo de 10 días calendario, contados a partir de la notificación formal realizada el martes 11 de abril, para depositar ante la secretaría general de la JCE un escrito con sus argumentos de defensa, excepciones, argumentos jurídicos, documentos y demás medios probatorios “que estime pertinentes”.
Para eso, la firma tendrá a la disposición todo el expediente administrativo formulado por la JCE y las evidencias que sustentan la imputación provisional.
Una vez vencido el plazo concedido para la presentación de la defensa y concluidas las diligencias de instrucción que resulten necesarias, la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales elaborará el dictamen correspondiente y remitirá el expediente íntegro al pleno de la JCE, el cual establecerá la decisión definitiva que proceda.
Según el reglamento, las posibles sanciones que se podrían establecer son la suspensión temporal del registro por un período de seis meses a un año; la cancelación definitiva de este en caso de reincidencia.
Discusiones
El reglamento, que está en vigencia desde el pasado 22 de mayo, ha sido motivo de controversia desde su emisión; el mismo fue disputado en el Tribunal Superior Electoral (TSE), en donde se recibió dos recursos de reconsideración contra el reglamento, presentados por presuntas violaciones constitucionales, uno interpuesto por la empresa ACD Media y otro por la organización Participación Ciudadana.
A mediados del mes de julio, la JCE suspendió la ejecución del reglamento hasta tanto la Alta Corte no decidiese sobre el tema. El 23 de julio el TSE declaró su incompetencia para conocer la acción promovida, indicando que esos recursos debían de ser sometidos ante el Tribunal Constitucional.
