Robert De la Cruz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y asistente del expresidente Danilo Medina, defendió este lunes la legalidad y legitimidad del proceso de consulta interna que desarrolla esa organización, calificándolo como un ejercicio de fortalecimiento democrático que respeta plenamente el marco jurídico vigente.
En un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X, De la Cruz puntualizó que es importante realizar dos consideraciones fundamentales respecto al proceso que lleva a cabo el PLD.
En primer lugar, subrayó el derecho de organización interna que tienen los partidos políticos, derecho consagrado en la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Explicó que dicha legislación reconoce la autonomía de los partidos para estructurarse y administrar sus procesos internos, permitiéndoles llevar a cabo consultas, encuestas, reuniones, asambleas o cualquier otro mecanismo orientado al fortalecimiento de su democracia interna.
Recordó además que el artículo 9 de la Ley 33-18 establece que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tienen el derecho de organizarse conforme a sus estatutos y de elegir sus autoridades y candidaturas a cargos de elección popular, utilizando los mecanismos que libremente determinen. En ese sentido, sostuvo que realizar una consulta interna no vinculante, como método de medición, preferencia o fortalecimiento, es completamente legal, siempre que se respete su naturaleza no electoral.
En segundo lugar, De la Cruz aclaró que el proceso de consulta que lleva a cabo el PLD no constituye un proceso electoral formal. Indicó que se trata exclusivamente de una medición interna para conocer el nivel de simpatía y apoyo entre posibles aspirantes, como parte de una estrategia de planificación y fortalecimiento institucional.
Aseguró que esta consulta no genera candidaturas oficiales, no infringe los plazos ni los reglamentos establecidos por la Junta Central Electoral (JCE) para elecciones internas formales —las cuales, recordó, solo pueden realizarse en años preelectorales, como será 2027—, no requiere supervisión obligatoria de la JCE y tampoco produce efectos jurídicos inmediatos en lo que respecta a la inscripción de candidaturas.
Robert De la Cruz enfatizó que este tipo de ejercicios internos, lejos de violar disposiciones legales, contribuyen a fortalecer la democracia interna de los partidos y a robustecer su capacidad organizativa. “Este tipo de ejercicio fortalece la democracia interna y no viola ninguna norma jurídica vigente”, afirmó de manera categórica.
