El presidente Luis Abinader promulgó la noche de este jueves la Ley 30-26, orientada a fortalecer la estabilidad económica del país mediante un conjunto de medidas de crecimiento, simplificación fiscal y mitigación de los efectos derivados de la crisis internacional.
La nueva legislación, aprobada por el Congreso Nacional en horas de la mañana, busca reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas, promover la inversión privada, facilitar el cumplimiento tributario y crear condiciones favorables para la generación de empleos y el desarrollo productivo nacional.
Entre las principales disposiciones de la ley figura una amnistía fiscal temporal que permitirá a contribuyentes regularizar deudas tributarias bajo condiciones especiales hasta el 31 de diciembre de 2026.
Asimismo, se establecen nuevos mecanismos de acuerdos de pago con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), descuentos por pronto pago y facilidades para la regularización de obligaciones pendientes.
La normativa también contempla ajustes en el régimen del Impuesto Sobre la Renta (ISR), incluyendo una actualización de la escala progresiva para personas físicas a partir del ejercicio fiscal 2027 y nuevas disposiciones sobre ganancias de capital inmobiliarias, exenciones para viviendas habituales y beneficios fiscales dirigidos a sectores productivos.
En materia empresarial, la ley incorpora incentivos para la inversión mediante la depreciación acelerada de maquinarias y equipos industriales, además de ampliar las facilidades del Régimen Simplificado de Tributación (RST) para micro, pequeñas y medianas empresas.
El texto incluye medidas especiales para fortalecer la competitividad del sector agropecuario, entre ellas la exención del Impuesto a los Activos y la eliminación de anticipos fiscales para los productores del sector.
El Gobierno destacó que la Ley 30-26 responde a “la necesidad de dotar al país de herramientas que permitan enfrentar un contexto global marcado por la volatilidad económica y financiera, preservando al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica y la confianza de inversionistas y contribuyentes”.
Las autoridades indicaron que las instituciones competentes emitirán en los próximos meses los reglamentos y normas complementarias necesarias para la implementación gradual de las disposiciones contempladas en la nueva legislación.
