El abogado y director ejecutivo de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, advirtió que cualquier negociación del Ministerio Público en el caso que involucra al Seguro Nacional de Salud (SENASA) debe incluir sanciones penales, aunque sean con pena suspendida, y nunca exoneraciones totales, ya que esto enviaría un mensaje negativo y peligroso para la institucionalidad del país.
Durante una entrevista en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, De la Rosa Tiburcio sostuvo que el principio de oportunidad permite acuerdos con imputados colaboradores, pero no puede utilizarse para borrar la responsabilidad penal de quienes participaron en un entramado que defraudó al Estado.
“El Ministerio Público puede negociar, pero nunca acordar impunidad. La colaboración no elimina el hecho de que hubo beneficio ilícito ni el daño a la cosa pública”, afirmó el jurista.
De la Rosa Tiburcio señaló que el Estado no está obligado a cerrar los casos con premura y puede esperar una sentencia firme, incluso a largo plazo, siempre que se garantice justicia real.
En ese sentido, insistió en que la devolución de bienes producto del fraude debe ser evaluada objetivamente, evitando simulaciones como la entrega de activos sobrevalorados o gravemente endeudados.
“No se puede aceptar como restitución un bien que, al final, es un cascarón y no representa un beneficio real para el Estado”, puntualizó.
El dirigente de ADOCCO dijo que el presidente de la República, Luis Abinader, ha manejado el caso de manera responsable, y que, al mismo tiempo, la situación desmonta la creencia de que el mandatario lo sabe todo, ya que las irregularidades no salieron a la luz por iniciativa directa del Poder Ejecutivo, sino a partir de denuncias formuladas por proveedores de servicios de salud y otros actores del sistema, lo que evidenció fallas internas que venían produciéndose desde hacía algún tiempo.
En tanto, recalcó que debe existir una condena formal, aunque sea con pena suspendida, para que quede un antecedente penal que limite derechos futuros del condenado, como contratar con el Estado, constituir empresas o manejar libremente grandes movimientos financieros.
“Una pena suspendida sigue siendo una condena. Tiene un valor ejemplar y sirve como mensaje claro de que el delito contra el erario tiene consecuencias”, explicó.
Finalmente, advirtió que permitir exoneraciones o extinciones totales de la acción penal por vía administrativa convertiría al Ministerio Público en un suprapoder, ya que la facultad de conceder amnistías o perdones corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.
Agregó que lo contrario transmitiría la idea de que “robar mucho sale mejor que robar poco”, lo que constituye un daño institucional que la República Dominicana no puede permitirse.
