El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por su presidente, Trajano Vidal Potentini, expresó su respaldo a la decisión del Gobierno Dominicano de rectificar la aplicación de impuestos a las plataformas digitales extranjeras, una medida que generó preocupaciones tanto en el ámbito jurídico como económico.
Colegio de Abogados asegura solo el congreso puede establecer por ley impuestos nunca el Poder Ejecutivo.
Potentini destacó que esta iniciativa, que buscaba gravar servicios como Netflix, Amazon y otras plataformas digitales, resultaba contraproducente y carecía de un marco normativo claro. Además, recordó que es un principio cardinal del derecho, el que no hay impuestos sin ley, en consecuencia, el grabar productos y servicios con tributo solo es una facultad indelegable del Congreso Nacional, siempre respetando los acuerdos internacionales en materia de comercio, nunca del Poder Ejecutivo y mucho menos por decreto. Este tipo de políticas y desacierto jurídico ha sido motivo de controversia en la comunidad internacional, especialmente con Estados Unidos, cuya postura sobre el tema ha sido contundente.
El presidente de los EE.UU., Donald Trump, ha reiterado su oposición a los impuestos sobre las plataformas digitales estadounidenses, advirtiendo que su administración no tolerará medidas que afecten a las empresas tecnológicas de su país. En recientes declaraciones, Trump enfatizó que cualquier nación que imponga este tipo de impuestos enfrentará represalias comerciales y posibles sanciones, subrayando la importancia estratégica de estas compañías en la economía global.
Ante este panorama, Trajano Potentini valoró la decisión del Gobierno Dominicano de no seguir adelante con la medida a todo luces ilegal e inconstitucional, evitando también, además de una perturbación legal e institucional en el país, un posible conflicto con los Estados Unidos protegiendo con ello tanto a los consumidores como al ecosistema digital del país. “Gravar estas plataformas sin un estudio detallado y sin considerar los tratados internacionales podría haber generado inseguridad jurídica y un impacto negativo en la economía digital. Celebramos que se haya reconsiderado esta disposición”, expresó Potentini.
El CARD reiteró su llamado a que cualquier reforma tributaria en el ámbito digital se realice con un enfoque integral, garantizando seguridad jurídica y protegiendo tanto el acceso a la tecnología como la estabilidad económica del país y sobre todo emanada del poder legislativo, único poder del estado facultado para establecer impuestos.
