ancho Arriba, San José de Ocoa. La comunidad de Rancho Arriba ha emitido un enérgico llamado de atención al Presidente de la República y a las autoridades competentes ante la alarmante situación ambiental que afecta al río Nizao, una de las fuentes hídricas más vitales para la productividad agrícola de la región sur del país.
Ciudadanos organizados, líderes comunitarios y representantes de organizaciones ambientales denuncian que la empresa JM Constructora ha estado extrayendo materiales del río de forma abusiva y sin el debido control por parte de las autoridades. Esta práctica ha provocado la destrucción del cauce natural, alterando gravemente el equilibrio ecológico y afectando el acceso al agua para familias, fincas agrícolas y comunidades enteras.
“No hay tesoro más valioso que el agua. Sí Rancho Arriba y otros municipios del país son altamente productivos, es gracias a la abundancia de agua que baja de nuestras montañas, riega nuestras tierras y permite que alimentemos a millones de dominicanos”, expresó Ignacio Joga, presidente de Fundación Mundo Verde.
Un crimen ambiental con implicaciones nacionales
La denuncia advierte que este no es un problema aislado ni exclusivamente local, sino una amenaza directa a la seguridad alimentaria nacional. La pérdida de caudales como el del río Nizao compromete la capacidad de producción de frutas, vegetales y otros cultivos esenciales que abastecen gran parte del mercado interno dominicano.
“Señor Presidente, está en juego la garantía alimentaria de nuestra nación. Esta no es solo una lucha de Rancho Arriba. Es una lucha por el derecho a vivir en un país donde los recursos naturales no sean saqueados impunemente”, manifestó Joga.
Piden declarar de utilidad pública el material extraído
Uno de los principales reclamos de la comunidad es que el material acumulado por JM Constructora en su centro de acopio en Rancho Arriba sea declarado de utilidad pública, y que su uso sea destinado exclusivamente a obras prioritarias para el desarrollo del municipio, como carreteras, puentes, muros de contención e infraestructuras comunitarias.
Asimismo, se exige la creación de una comisión especial conformada por el Ministerio de Medio Ambiente, el INDRHI, la sindicatura municipal y representantes de la comunidad, que supervise y administre la distribución de este material en beneficio colectivo y evite su explotación por intereses privados.
Se interpone demanda de 2 mil millones de pesos
Como medida legal, Ignacio Joga anunció la interposición de una demanda formal contra la empresa AJM Constructora por un monto de 2.000 millones de pesos, en compensación por los daños ocasionados al ecosistema del río Nizao, al patrimonio natural de Rancho Arriba y al bienestar económico de sus habitantes.
