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Solicitan prisión contra 10 detenidos por estafa y extorsión desde RD a residentes en EE.UU.

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El Ministerio Público solicitó que se imponga un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra diez personas arrestadas durante la Operación XL526, ejecutada el pasado martes contra una estructura criminal que se dedicaba, desde República Dominicana, a extorsionar, chantajear y a estafar a residentes en Estados Unidos.

La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago solicitaron que se declare el caso de tramitación compleja y que se imponga la medida de coerción de privación de libertad a los cabecillas de la red Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.

También a los miembros Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.

Identificadas 18 víctimas por el momento

A los diez contra los cuales se solicita prisión preventiva se les imputa dedicarse, de manera sistemática y organizada, a la comisión de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana. Hasta el momento han sido identificadas al menos 18 víctimas.

El Ministerio Público solicitó que se declare el proceso de tramitación compleja por la pluralidad de imputados y de víctimas, además por tratarse de una red del crimen organizado dedicada, también, al lavado de activos por lo que necesita tiempo suficiente para profundizar la investigación, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal Dominicano por reunir todas las características de un caso complejo.

La solicitud de medida de coerción fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, y las fiscales Quirsa Abreu Peña (titular interina de Santiago), Joanna García Rivas, de la Dirección de Persecución, y Lía Collado, de Santiago.

Allanamientos en Santiago y Puerto Plata

La Operación XL526, ejecutada contra la estructura criminal, la encabezó un grupo de 35 fiscales que practicaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Un total de 20 personas fueron arrestadas con fines de investigación, pero solo se solicitó coerción contra 10 de los detenidos.

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